La semana pasada comenzaba con la noticia de un asesinato a 15 personas en un campo de fútbol. Por supuesto, de nuevo, lo primero que dijeron las autoridades policiales fue que “esto fue un ajuste de cuentas entre maras”. Y se acabó la noticia y el caso.
A finales de la semana tuve una plática con un muchacho que vive en la colonia en donde sucedió el trágico suceso, la Rivera Hernández. Me decía que los vecinos y vecinas estaban realmente afectados, que la colonia no levantaba cabeza, porque si era posible hacer esto en pleno día, en una de las pocas actividades de ocio que tenían en la colonia, los partidos de fútbol, ¿qué les quedaba?
Pero que lo peor había sido para ellos, la condena de las autoridades a las víctimas. “Mi hijo era un albañil, un chavo honrado, lo estoy enterrando sin saber por qué; aun no lo terminé de velar, y lo están llamando marero, es decir, asesino, ladrón…¿ por qué nos pasa esto? “.
La Rivera Hernández es una de esas colonias malditas, de las que se dicen que “entras si quieres, sales si puedes”. Está ubicada en los llamados cordones de pobreza de la mayor ciudad industrial del país, San Pedro Sula, a los largo del bordo de los ríos más acaudalados de Honduras, y que más problemas causa en caso de lluvias o tormentas.
Varios de sus pobladoras y pobladores le ponen el rostro al 66% de las familias hondureñas que viven por debajo de la famosa y maldita línea de la pobreza; en muchos casos familias campesinas que ponían su esperanza en la vida de la ciudad, o chavos y chavas jóvenes que esperan su gran oportunidad de trabajo en la maquila, y si no la encuentran, se van de mojados.
Estos son los mismos hombres y mujeres que luchan cada día por sobrevivir, y que se organizan para apoyar el único centro de salud que tienen en el barrio, regentado por la parroquia del lugar, y con un médico que llega algunas horas al día. Pero como dicen ellos, “ahora que conseguimos que haya un médico que quiera entrar aquí, más fácil será conseguir el pisto que falta para ayudar a pagarlo”.
Esta misma semana me entero que la Unión Europea ya dio 40 millones de euros a la policía hondureña, según ellos, con muchos controles, pero no han pedido ningún tipo de depuración dentro de los cuerpos policiales. Y es que la seguridad es cara, una bomba lacrimógena, tan populares en estos días y en estos lares, cuesta casi 100 euros. Para nuestra tranquilidad, también informaron que aportaron 1 millón de euros para los defensores de derechos humanos, porque son conscientes “de que sigue existiendo peligro”.
Y me entero también para terminar la semana, que en el presupuesto hondureño de 2011, suben las partidas de la Secretaría de Seguridad, de Defensa y de la Presidencia; a cambio, bajan las de partidas de la Secretaría de Educación, Salud y COPECO (la instancia encargada de atender las emergencias por desastres naturales).
“El Estado crea “los indeseables”, al dejar de cumplir las funciones sociales para las cuales fue históricamente creado, y después los margina, excluye, confina, o mata (o deja matarlos)”. Juez Cançado Trindade, en el caso Servellón vs. Honduras, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Varios de sus pobladoras y pobladores le ponen el rostro al 66% de las familias hondureñas que viven por debajo de la famosa y maldita línea de la pobreza; en muchos casos familias campesinas que ponían su esperanza en la vida de la ciudad, o chavos y chavas jóvenes que esperan su gran oportunidad de trabajo en la maquila, y si no la encuentran, se van de mojados.
Estos son los mismos hombres y mujeres que luchan cada día por sobrevivir, y que se organizan para apoyar el único centro de salud que tienen en el barrio, regentado por la parroquia del lugar, y con un médico que llega algunas horas al día. Pero como dicen ellos, “ahora que conseguimos que haya un médico que quiera entrar aquí, más fácil será conseguir el pisto que falta para ayudar a pagarlo”.
Esta misma semana me entero que la Unión Europea ya dio 40 millones de euros a la policía hondureña, según ellos, con muchos controles, pero no han pedido ningún tipo de depuración dentro de los cuerpos policiales. Y es que la seguridad es cara, una bomba lacrimógena, tan populares en estos días y en estos lares, cuesta casi 100 euros. Para nuestra tranquilidad, también informaron que aportaron 1 millón de euros para los defensores de derechos humanos, porque son conscientes “de que sigue existiendo peligro”.
Y me entero también para terminar la semana, que en el presupuesto hondureño de 2011, suben las partidas de la Secretaría de Seguridad, de Defensa y de la Presidencia; a cambio, bajan las de partidas de la Secretaría de Educación, Salud y COPECO (la instancia encargada de atender las emergencias por desastres naturales).
“El Estado crea “los indeseables”, al dejar de cumplir las funciones sociales para las cuales fue históricamente creado, y después los margina, excluye, confina, o mata (o deja matarlos)”. Juez Cançado Trindade, en el caso Servellón vs. Honduras, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0 comentarios:
Publicar un comentario